Tensión constitucional en las aulas: el derecho a aprender frente al derecho a huelga docente
01/07/2026 El reciente paro docente en la provincia de Buenos Aires registró un acatamiento masivo del 95%, según datos provistos por los gremios. La medida de fuerza, calificada como "contundente" por Liliana Olivera, presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), reabrió un profundo e histórico debate que trasciende la discusión salarial y salpica de lleno el entramado legal de la República Argentina: la puja de intereses entre el derecho constitucional de los estudiantes a aprender y el derecho a huelga de los trabajadores de la educación.
Frente a este escenario de parálisis escolar, el programa "La Mirada Informativa" entrevistó a la Dra. Antonela Di Virgilio, abogada especialista en derecho educativo, para analizar el posicionamiento de las familias y los alumnos —los reales damnificados por la pérdida del servicio— dentro de esta compleja trama jurídica.
La jerarquía jurídica y el equilibrio de derechos
Al ser consultada sobre si el derecho a la educación posee una jerarquía constitucional superior al derecho de huelga, basándose en posturas doctrinarias como la del jurista Julián de Diego —quien sostiene que la educación, al estar amparada por la Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 75, inciso 22), constituye un bien jurídicamente protegido de mayor rango—, la Dra. Di Virgilio introdujo una necesaria distinción técnica.
"Afirmar que el derecho a la educación tiene mayor jerarquía sería técnicamente incorrecto. Tanto el derecho de huelga de los docentes como el derecho a la educación y a asistir a clases son derechos constitucionales; ambos están reconocidos en normas nacionales y en tratados internacionales. Lo que es debido por el Estado es tratar de equilibrar estas dos situaciones", explicó la especialista.
La abogada remarcó que la falta de resolución de este conflicto genera una brecha social y logística que desborda las aulas. Cuando se suspenden las clases de manera imprevista, no solo se vulnera el acceso pedagógico de los niños, sino que se altera drásticamente la dinámica de las familias trabajadoras, forzando a padres y madres en relación de dependencia a resolver situaciones de cuidado de forma inmediata. De este modo, la huelga docente entra también en colisión indirecta con el derecho al trabajo de los propios progenitores.
La educación como "servicio esencial": herramientas y límites
Para la Dra. Di Virgilio, la solución de fondo radica en que el Estado asuma una definición legislativa clara para delimitar el alcance de las medidas de fuerza en el sector educativo. En su análisis personal y profesional, defendió la necesidad de declarar formalmente a la educación como un "servicio esencial".
A pesar de que el Poder Ejecutivo Nacional ha enviado proyectos al Congreso en este sentido, la iniciativa aún no cuenta con sanción definitiva, en gran parte debido al rechazo explícito de las organizaciones gremiales.
Según detalló la especialista, la categorización de servicio esencial proveería al Estado de herramientas jurídicas mucho más efectivas para: Establecer guardias mínimas obligatorias, garantizando la apertura de los establecimientos y la prestación básica del servicio educativo para evitar la interrupción total de las clases; limitar el alcance de las huelgas, facilitando la imposición de mecanismos regulatorios como las conciliaciones obligatorias eficientes y asegurar la continuidad o regular de forma taxativa los esquemas de recuperación de días de clase perdidos para que los parámetros normativos no queden en meras teorizaciones.
Con respecto a los recursos de amparo presentados históricamente por grupos de familias para exigir la restitución de clases —frecuentes en provincias del sur del país debido a la alta regularidad de los paros docentes y las inclemencias climáticas—, la Dra. Di Virgilio aclaró que, si bien la normativa para interponerlos existe, no es una práctica cotidiana y suele reservarse para casos donde la contabilización del tiempo escolar interrumpido resulta "alevosa".
El flagelo de la violencia en las escuelas y el abordaje interdisciplinario
Además de la recomposición salarial frente a los índices inflacionarios, el paro docente estuvo motivado por las crecientes denuncias de violencia en los ámbitos escolares. La Dra. Di Virgilio enfatizó que este problema requiere una profunda revisión bajo los parámetros del derecho comparado y, fundamentalmente, un abordaje de carácter interdisciplinario.
La especialista alertó sobre el peligro de que los intentos de solución queden reducidos a "protocolos muy lindos en lo normativo" que luego carecen de herramientas, recursos o capacitación efectiva para su aplicación real en el territorio. Asimismo, subrayó que el concepto de violencia en las escuelas es sumamente amplio: "La violencia institucional que reciben los docentes por parte de sus superiores y jerárquicos también es una realidad y debe ser atendida mediante protocolos claros".
El consenso como piso obligatorio
Hacia el cierre de la entrevista, la especialista apeló a la necesidad de construir instancias de mediación que eviten la constante desvalorización del sistema educativo formal. Criticó las miradas "egocéntricas" de las partes en pugna, indicando que el mutuo desconocimiento entre las necesidades económicas y de valoración de los docentes y los reclamos logísticos y pedagógicos de las familias solo ensancha la brecha social.
Como alternativa definitiva para resguardar a la población más vulnerable, la Dra. Di Virgilio propuso establecer un "piso obligatorio" que asegure la debida prestación de las actividades escolares en paralelo a las negociaciones de las mesas chicas sectoriales:
"Se debe encontrar el equilibrio. Sería interesante tener establecido asegurar el servicio educativo mientras los representantes, comisiones y sindicatos se sientan en la mesa a dialogar y consensuar los puntos necesarios. Las interrupciones de las clases hoy, y desde hace rato, están generando más problemas que soluciones", concluyó.
